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El dramático rescate del 2 de Julio me ha vuelto más suspicaz que nunca. Quizás por eso he decidido volver a tocar el tema esta semana. No podía cerrarlo sin mencionar la participación crucial de 2 actores de reparto en la película de Uribe y Betancourt: el Senador John McCain y el General Mario Montoya.


John McCain: Amistades Peligrosas

En Colombia el cinismo cotiza alto. Que se lo pregunten a John McCain. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos aterrizó en Colombia, para “mostrar su apoyo al TLC USA-Colombia que la administración Bush espera que sea aprobado por el Congreso a finales del presente año.” McCain y Colombia no son ningunos desconocidos; de hecho existen un par de vínculos más que interesantes entre el “panameño” senador de Arizona y nuestro país vecino. El 2 de Julio el Huffington Post reportaba que el millonario Carl Lindner Jr. realizó un acto para recaudar fondos para la campaña de McCain, en el lujoso barrio de Indian Hills, Cincinatti. Lindner fue CEO de la bananera Chiquita Brands de 1984 a 2001, y permaneció en su Junta Directiva hasta mayo de 2002. Bajo su mandato, la compañía financió, entrenó y armó a la organización paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). En 2001, la AUC entró a formar parte de la lista de “organizaciones terroristas” del departamento de Estado Norteamericano. Chiquita tuvo que pagar 25 millones de dólares luego de declararse culpable de haber financiado ilegalmente al grupo paramilitar.

Pero Chiquita no sólo financió la AUC. Según un informe de Associated Press, la compañía realizó pagos al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y a las FARC, a medida que el área dónde cultivaban el banano se expandía. A pesar de haberse declarado culpables, los ejecutivos de Chiquita argumentaron que hacían los pagos para proteger a su personal y que prácticamente se vieron forzados a realizar los pagos luego de varias amenazas de parte de los paramilitares. Hace un año, cuando la investigación penal se encontraba en pleno apogeo, Alvaro Vargas Llosa escribía en el Washington Post:

“Cuando se iniciaron los pagos de Chiquita en 1997, un vasto segmento de la sociedad colombiana –incluidas varias instituciones oficiales—, desesperado por resistir el embate de las narcoguerrillas marxistas, privatizó la guerra de facto, delegando su defensa en la organización paramilitar. Basta mencionar que el gobernador de Antioquia —donde estaban basadas las extensas operaciones bananeras de Chiquita— era Álvaro Uribe, actual presidente de la nación y azote de los terroristas de izquierdas. Chiquita actuó bajo las reglas de juego de una nación sin ley tal y como las autoridades y miles de otros empresarios las entendían.”

Interesante. Uribe, gobernador de Antioquia, “desesperado por resistir el embate de las narcoguerrillas marxistas”, delegando su defensa en una organización paramilitar que, según Wikipedia:

“...ha sido responsable de diferentes masacres en varias zonas rurales del país. Las autoridades han hallado fosas comunes donde se encontrarían miles de personas asesinadas por este grupo, incluidos varios niños. La ubicación de muchas de estas fosas aun no se conoce públicamente. Varios jefes paramilitares sometidos al proceso de desmovilización han revelado la ubicación de algunas de ellas. Según informes de prensa, a finales de los años 90 este grupo incrementó el número de masacres llegando al punto de cometer 1 masacre cada 2 días entre los años 1999 y 2000, tiempo en el que perpetraron más de 200 masacres por año.

Pero volvamos a McCain. Si bien es cierto que el Senador no tiene la culpa de recibir fondos del exdirector de una compañía que financió masacres en Colombia, sí tiene la responsabilidad de escoger a sus asesores. Porque los lazos de McCain con Colombia no terminan allí. Charlie Black, uno de sus más importantes asesores –por no decir el más importante—renunció en marzo a su cargo como presidente de la firma BKSH & Associates para poder dedicarse a tiempo completo a la campaña de McCain. Dicha firma, entre su vasto portafolio de clientes, cuenta con prestigiosos regímenes dictatoriales como el de Mobutu en Zaire, Savimbdi en Angola, Siad Barre en Somalia, Marcos en Filipinas, y Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial. En Colombia, BKSH y Asociados se embolsó cerca de 1.8 millones de dólares representando a la compañía Occidental Petroleum, que cuenta con un historial “controversial” relacionado con operaciones militares en el país. El 13 de Diciembre de 1998, un helicóptero de la Fuerza Armada Colombiana bombardeó el Municipio de Santo Domingo, matando a 17 civiles (7 de ellos niños). El hecho pasó a ser conocido como “La Masacre de Caño Limón”. El periódico Los Angeles Times documentó el ataque y demostró que Occidental “suplió, directamente o a través de contratistas, el transporte de tropas, y las coordenadas para el bombardeo a elementos de la Fuerza Aérea Colombiana, incluyendo el helicóptero acusado de tirar la bomba.”

El antagonismo entre Uribe-McCain y las FARC debe ser meramente ideológico, pues los crímenes de ambos bandos están claramente documentados. Al parecer, los muertos en Caño Limón y los miles de masacrados por el AUC y otros grupos paramilitares –con apoyo directo o indirecto del Sr. Uribe, las grandes corporaciones (Chiquita, Occidental, entre otras) — y el Gobierno de los Estados Unidos, son meras víctimas colaterales de la “lucha contra el terrorismo”. Para que una muerte trascienda de verdad, tiene que haber sido a manos de las FARC.

Mario Montoya: El asesino que dirige el ejército

Al poco de ser liberada, Ingrid Betancourt se fundía en un abrazo emotivo con el Comandante del Ejército Colombiano, el Sr. Mario Montoya Uribe. Este abrazo llamó la atención de la agencia independiente de noticias Inter Press Service, que publicó un artículo titulado “El general que Ingrid abrazó.” El historial de Montoya es, cuando menos, sospechoso.

Montoya está vinculado a un comando de finales de los años 70 que bombardeó y masacró oponentes políticos de la derecha colombiana. Un cable despachado en 1979 por la embajada estadounidense en Bogotá, desclasificado a petición del National Security Archive (NSA) reveló que “un batallón de inteligencia del ejército Colombiano vinculado con Montoya secretamente creó y formó una unidad de terror clandestino en 1978-1979” aseguró el investigador Michael Evans, en un artículo publicado en Julio de 2007 en el semanario colombiano Semana. “Bajo el nombre de Alianza Americana Anticomunista, o Triple A, el grupo cometió un alto número de secuestros y asesinatos contra militantes de la izquierda.”

Evans, director del Proyecto Colombia del NSA, también hizo referencia a una fosa común descubierta en el departamento de Putumayo en Marzo de 2007 que contenía los restos de mas de 100 víctimas “asesinados durante el mismo periodo de 2 años en los cuales Montoya comandó el Joint Task Force South, la unidad (financiada por Estados Unidos) encargada de coordinar las operaciones anti-guerrilla y anti-narcóticos en esa región de 1999 a 2001.” Los documentos desclasificados también demuestran que Montoya tenía vínculos con grupos paramilitares establecidos en el pueblo de La Hormiga, donde se encontró la fosa común.

Siendo comandante de la 4ta Brigada del ejército, con jurisdicción en el municipio de Bojayá, tuvo lugar la masacre del mismo nombre, cuando en un enfrentamiento entre las FARC y el AUC (sí, los financiados por Chiquita), un cilindro bomba lanzado por los guerrilleros cayó dentro de la iglesia, donde habían tomado refugio los lugareños, matando a 119 personas. El Estado Colombiano fue sentenciado a una compensación de un billón y medio de pesos a los familiares de 2 de las víctimas mortales. La corte de Quibdo, Chocó, halló al Estado responsable administrativamente de negligencia, al no actuar para proteger a los ciudadanos, a pesar de las advertencias en los días previos a la masacre por parte del Ombudsman. Al conocer las acusaciones de negligencia vertidas sobre el ejército, Montoya, después de resaltar la falta de evidencia de vínculos entre el ejército y los paramilitares, se excusó diciendo que su comandancia recibía demasiadas advertencias de posibles masacres “como para responder a todas y cada una.”

El año pasado, Montoya fue protagonista en un informe de la CIA que se filtró al periódico Los Angeles Times en el que se le implicaba en una operación conjunta con fuerzas paramilitares en la ciudad de Medellín (la operación Orión), en la cual era comandante de una brigada del ejército colombiano. El informe decía que “Montoya y un grupo paramilitar conocido como Bloque Cacique Nutibara planearon y ejecutaron conjuntamente una operación en 2002 para eliminar a las guerrillas Marxistas de las áreas pobres de Medellín.” La operación se llevó a cabo en la comuna 13, y al menos 14 personas murieron. Los lugareños y las organizaciones de derechos humanos reportan que cerca de 50 más “desaparecieron” en las siguientes semanas.

Al publicarse este informe, el Gobierno colombiano lo desacreditó, asegurando que el artículo no contaba con suficientes pruebas ni argumentos, y reiterando su total apoyo a la labor de Montoya.

Visto lo visto, en Colombia las cosas no son como las pintan. En ninguna situación existen buenos ni malos: la vida sería demasiado fácil si así funcionaran las cosas. Situaciones como la de Colombia requieren un análisis crítico e independiente para intentar arrojar un poco de claridad sobre ellas. Uribe sin duda es el azote del terrorismo de izquierdas, pero ha sido cómplice y patrocinador del terrorismo de Estado y de los paramilitares de la extrema derecha, Montoya no es un militar distinguido al servicio de la patria, ni, como mencioné en el artículo anterior, tampoco las FARC son un grupo de idealistas luchando por una Colombia mejor. De la misma manera, Estados Unidos tampoco es el paladín de la democracia (de hecho es el mayor elemento de inestabilidad en el mundo, pero ese es tema para otros artículos). Existen intereses de ambos lados, y lo cierto es que a nadie en posición de poder en ninguno de los 2 bandos le interesa que el conflicto termine. Mientras, el pueblo colombiano sigue sufriendo, y las masacres siguen ocurriendo. Un crimen es un crimen, sea cometido por las FARC, los paramilitares, o el Estado Colombiano.

Hay una regla básica para entender los conflictos: las guerras son diseñadas por los ricos y peleadas por los pobres. En Colombia, aunque parezca mentira, esta frase se sigue cumpliendo a rajatabla.
posted by RicAngel @ 23:33  
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