Panamá, 22.Octubre.2008

Hace poco más de un mes, José Miguel Vivanco –director para América de la organización Human Rights Watch—y su compañero Daniel Wilkinson eran expulsados de Venezuela. El motivo: un informe de 267 páginas titulado Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. En el informe, la ONG estadounidense acusaba al mandatario de violar la Constitución, constreñir los derechos humanos, discriminar a los ciudadanos por tener ideas políticas opuestas al gobierno y controlar el Poder Judicial. Como queriendo confirmar la intolerancia que le atribuía el informe, el Gobierno venezolano reaccionó expulsando a los responsables. Nicolás Maduro, canciller venezolano advirtió tajantemente luego de la expulsión: “Ya basta, hasta aquí llegaron: todo aquel que pretenda inmiscuirse en los asuntos internos venezolanos recibirá el mismo tratamiento que Vivanco”. Vivanco y Wilkinson fueron escoltados hasta el aeropuerto Simón Bolívar, donde tomaron un vuelo a Sao Paulo.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los sectores izquierdistas demonizaron a HRW, tildándolo de “último bastión de la derecha”, “agentes del imperialismo”, y demás epítetos.

El reconocido periodista Hugh O'Shaughnessy escribió en la revista británica New Statesman que confiaba en su “olfato para reconocer una ONG que se ha echado a perder”, y consideraba que el informe de HRW “pudo haber sido escrito por un recluta inexperto del Departamento de Estado de EEUU”. A la semana siguiente, la revista publicó un artículo respuesta de Tom Porteous, director de HRW en Londres, que presentó las sólidos credenciales de la organización en sus 30 años de historia.

Por su parte, la organización y la oposición venezolana aprovecharon la oportunidad --que Chávez les había puesto en bandeja de oro-- para atacar al mandatario. La veloz descalificación del informe y la expulsión de Vivanco confirmaban de manera elocuente el grado de intolerancia denunciado.

PRÓXIMA PARADA: COLOMBIA

Sería interesante conocer qué indica ahora el olfato de O'Shaughnessy ahora que HRW se ha metido en líos con el Gobierno de Colombia. El 16 de octubre, la organización publicó el informe ¿Rompiendo el Control?, obstáculos a la justicia en las investigaciones de la mafia paramilitar en Colombia, un documento de 140 páginas que acusa al Gobierno de Álvaro Uribe de obstaculizar las investigaciones sobre paramilitares. Los ataques del presidente contra la Corte Suprema, las reformas constitucionales que le quitarían competencia a este tribunal y la extradición de jefes paramilitares son algunas de las amenazas que HRW identifica en el país vecino. De inmediato conoció el informe, la Vicepresidencia colombiana emitió un comunicado de nueve puntos en el que mostró su desacuerdo. Pero el Gobierno colombiano --conocedor del craso error que supuso la expulsión de HRW para la imagen de Chávez-- fue bastante más tolerante, y se limitó a decir que creía que “estas y otras falsedades evidentes en el Informe, obedecen a problemas de comprensión de lectura de quienes lo redactaron”.

QUIZÁS SE PAREZCAN MÁS DE LO QUE PIENSAN

Más aún, las reacciones de ambos Gobiernos, pese a ser en principio muy distintas, han dejado ver que quizás existen entre ellos más similitudes de las pensadas. Al día siguiente de publicado el informe, el asesor presidencial colombiano José Obdulio Gaviria dijo en La FM de RCN: "Siempre todo lo que hace Vivanco le hace daño a Colombia. Él es un enemigo de Colombia" y concluyó rápidamente que HRW es un instrumento de la oposición colombiana: "Es un amigo de sus amigos en Colombia que le hacen una oposición cerrera al Presidente sin justicia, sin verdad y sin razonamiento".

Eso es: en Venezuela HRW es –en palabras del canciller Nicolás Maduro—“un enemigo del proceso revolucionario y de Venezuela”. Sin embargo, en Colombia es –según el asesor presidencial Gaviria-- “ un instrumento de la oposición”. Señores Maduro y Gaviria: ¿en que quedamos?

DICIENDO LAS VERDADES INCÓMODAS

El hecho de que Colombia haya sido el destino inmediato luego del incidente en Venezuela es significativo: con esto Human Rights Watch ha querido demostrar que no se casa con nadie, y que no entiende de derechas ni izquierdas.

Después de todo, la ONG estadounidense no es la primera –ni será la última—en acusar al actual de Gobierno de cooperación con los desmovilizados paramilitares, pero es especialmente significativo que sea la primera organización con ese nivel de prestigio que lo hace, y más aún a pocos días de haber sido echados de Venezuela por Hugo Chávez, reconocido crítico del Gobierno colombiano.

El informe, a pesar de reconocer que “las autoridades judiciales de Colombia han realizado avances sumamente importantes en la investigación de los paramilitares y sus poderosos aliados”, cae como un balde de agua fría para un Uribe elevado al cielo por la comunidad internacional gracias a un más que sospechoso “rescate”, y que ahora intenta conseguir un tercer mandato aunque para ello tenga que destruir y refundar las instituciones democráticas de su país.

La violenta represión de las recientes protestas indígenas, que inclusive están acusando al Gobierno colombiano de “genocida”, son sólo la punta de un iceberg que lleva siendo denunciado por una gran cantidad de medios independientes. A la luz del informe de HRW, parecen tomar un nuevo cariz. En todo caso, me alegro mucho que una organización como HRW tenga la valentía de llamar al pan pan y al vino vino allí donde va. Echada a perder o no, con su informe colombiano HRW ha demostrado que su motivación está lejos de ser política.